MONTEVIDEO, Uruguay.- La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que perdona crímenes cometidos por militares y policías durante la última dictadura (1973-1985), se mantendrá vigente en Uruguay, al fracasar el tercer intento de la izquierda por borrarla del régimen jurídico.
El debate duró 14 horas y terminó en las primeras horas de hoy, con empate en 49 votos, ante la deserción del oficialista Víctor Semproni, quien argumentó no estar de acuerdo con la salida que había elegido su partido, el gobernante Frente Amplio (FA), e impidió alcanzar la mayoría necesaria de 50 de 99 miembros.
"Es un tema muy discutido, hay posiciones muy dispares, pero muchos desean que el país se ponga las pilas y se dedique a abordar otros temas importantes. No digo que no sea éste un tema importante, pero se está gastando demasiada energía en este asunto", resumió el diputado Jaime Trobo, del opositor Partido Nacional (PN).
Entre los críticos de la decisión, Felipe Michelini, diputado oficialista e hijo del legislador Zelmar Michelini, asesinado durante la última y cruenta dictadura uruguaya, dijo: "hasta el día de hoy tienen secuestrada la verdad y en el marco de un compromiso mafioso siguen y continúan ofendiendo a las víctimas y sus familiares".
Nadie sabe qué ocurrirá a partir de ahora, pero no se descarta que la izquierda busque otra salida, con alguna otra fórmula que por ahora no se vislumbra. En lo que muchos coinciden es en que las heridas permanecen abiertas y en algún momento habrá que cerrar el capítulo.
El diario "La República", afín al gobierno, publicó el jueves que "existe un Plan B" aunque no divulgó detalles sobre cómo actuará el oficialismo ante el nuevo revés que sufrió, el tercero desde que en 1989 se refrendó la ley mediante un plebiscito y lo mismo ocurrió en otra consulta popular en 2009. (DPA-